El Grupo Priego, Agua y Desarrollo, en su objetivo de colaborar en todos los aspectos que pudieran ser de interés a la ciudadanía, tiene a bien trasladarles las siguientes propuestas para que, en su caso, pudieran ser tenidas en cuenta por Uds:
1.- Dada el que consideramos evidente déficit democrático de nuestro sistema y considerando una de sus causas la Ley Electoral, este grupo les propone para su discusión y posterior acuerdo plenario (en su caso), tengan a bien elevar una propuesta institucional con el objetivo de realizar los cambios que fueran necesarios en la actual Ley Electoral de forma que se introduzcan las Listas Abiertas en las Elecciones Municipales (como primer paso hacia un sistema realmente democrático), así como la reforma de las circunscripciones electorales con el objetivo de equiparar lo máximo posible el valor o peso de los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan.
El ciudadano se siente mayor de edad para decidir que representantes son los que cree que defenderán mejor sus intereses, sin necesidad de un “precocinado” previo por parte de los partidos políticos que se ha demostrado lesivo para los intereses sociales.
La sociedad reclama, cada vez de forma más generalizada, un cambio en las formas y estructuras de los partidos y de sus representantes; la simple posibilidad de elegir “a la carta” y no entre menús prediseñados con presiones internas debido a intereses particulares o de partido.
Así mismo, no ha de usarse como argumento la defensa de las minorías para modificar el derecho a la igualdad de oportunidad mediante la no equiparación del “valor” del voto en las elecciones generales y autonómicas según los territorios. Eso ha conllevado a la búsqueda de la inversión pública según intereses electoralistas y no exclusivamente por necesidades reales, ampliando en muchos casos el desequilibrio entre territorios e impidiendo la cohesión territorial.
2.- Respecto a la modificación de la Ordenanza de limpieza viaria y normas de convivencia que se aplicará en nuestro municipio, este grupo de ciudadanos tenemos a bien hacerles llegar la siguiente reflexión: Las normas de conducta para mejor convivencia han de guardar un estricto equilibrio con las libertades del ciudadano, no pudiendo convertirse en un estricto corsé que rompa el compromiso social con las mismas, y por tanto no han de provocar desde una óptica general desigualdades manifiestas entre los diferentes colectivos aportando privilegios a alguno de ellos, ni imponer un modelo social (contrario a los movimientos populares) extremo que no puede constituir parte de la norma y que lleva a la insumisión y sublevación social. Poco a poco nuestros representantes han ido definiendo normas, reglas, que limitan las actividades del ciudadano, hasta el punto de que incluso se aborda la posibilidad de que la calle, las zonas comunes, se conviertan en espacios ajenos a la libertad respetuosa. Si 20 amigos se reunen en el Paseillo para hablar del tiempo, la actual normativa capacita a la Policía a tomar datos de los mismos y proceder a una sanción administrativa. Si un grupo como el nuestro decide reunirse en convocatoria pública abierta para tratar las aportaciones y sugerencias que hemos de hacer a Uds, no podremos llevarla a cabo en sitio publico debido a que ni constituimos ni queremos constituirnos en plataforma (por ejemplo) y algún miembro a nivel personal habrá de solicitarlo para no incurrir en acto contrario a norma, abonar una fianza y esperar a que se les liquiden gastos de limpieza a posteriori. Quizás habría que buscar una norma más flexible que a la vez que defiende los usos racionales del espacio público, permita una libre expresión de las manifestaciones sociales (incluso espontáneas) en lo que constituye su legítima propiedad (y que Uds gestionan), como por ejemplo, como mínimo, permitir que los grupos que quieran hacer uso de estos espacios de forma pacífica puedan simplemente entregar previamente en el momento del acto un compromiso de limpieza de aquella zona que pudiera verse afectada, sin necesidad de aportación económica alguna. O eliminar de la norma toda diferenciación o privilegio a un colectivo determinado como pudieran ser los propios partidos políticos.