Un reciente informe de Reporteros sin Fronteras afirma que “periodistas y reporteros gráficos se han colocado, en los últimos meses, en el punto de mira de las fuerzas de seguridad españolas por su cobertura de manifestaciones, desahucios, escraches y otras protestas crecientes en la crisis socioeconómica que atraviesa España”.

Lo que, en conjunto, se pone de manifiesto son “actuaciones de la Policía que los relega a posiciones de baja visibilidad para la toma de imágenes haciendo una interpretación arbitraria de la Ley de Seguridad Ciudadana”.
El trabajo de la ONG denuncia diversas actuaciones, alguna de ellas señeras, de lo que se está convirtiendo este país en ese aspecto, como las cargas policiales en la estación de Atocha el 25 de septiembre del año pasado.
También quedan en la retina las imágenes de la agresión a una joven indefensa e inocente de todo cargo durante la visita del papa Benedicto a Madrid en verano de  2011 sin venir a cuento ni a descuento, como tampoco el ataque posterior a un periodista que fotografió el exceso policial.
La dureza con la que las fuerzas de seguridad tratan a los periodistas para intentar evitar que cuenten lo que hacen no es nueva, pero ahora se ha hecho manifiesta casi a diario.

Federación de Sindicatos de Periodistas
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado que esta misma semana que un policía municipal de Madrid borró las fotografías que le vino en gana de un reportero que recogía lo que estaban haciendo.
También esta semana, un policía local de Getafe impidió a una periodista de Telecinco seguir una conexión en directo de un noticia desde la calle, colocando primero la mano ante el objetivo de la cámara y después interponiéndose entre esta y la reportera.
No consta que en ninguno de los casos ni mandos ni agentes autores de tan manifiestas vulneraciones del derecho a la libertad de información y otros derechos constitucionales hayan sido al menos sancionados administrativamente por el poder político y menos aún que haya abierto procedimiento judicial contra a ellos, lo que es aún menos comprensible, aunque no debe serlo nunca, cuando se aplica con rigor la legislación en otros casos, como sucede con los escraches.
Podemos echarle la culpa al Gobierno de Mariano Rajoy que, puestos a olvidar promesas, hasta ha dejado en el saco de los incumplimientos el juramento de cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado.
La Carta Magna no sólo está para esgrimirla frente a quienes reclaman lo que creen que le corresponde, por muy en desacuerdo que se pueda estar con su criterio y hasta esperpéntico pueda parecer su comportamiento.
Los principales ataques a la libertad de información no proceden en España ya de los violentos, tras la renuncia de ETA a hacer uso de las armas, sino que parte del aparato del Estado y no sólo de una única opción política. Los sucesos alrededor de la visita papal fueron bajo mandato socialista y apenas semanas después de que Alfredo Pérez Rubalcaba dejase de ser ministro del Interior.
No vale que se active el “y tú más”, como ha hecho el PSOE con las donaciones a la Fundación Ideas. Si son legales, poco hay que explicar. Si no lo son, no cabe justificarlas. Pero, en cualquier caso, no es admisible en rigor decir que más recibe la FAES, la fundación del PP.
Esto se arreglaría con una ley de transparencia de verdad y no de cartón piedra, como la que prepara el Gobierno.
Pero en lo que respecta a los más que excesos policiales en contra de la libertad de información, que no es otra cosa que el derecho del conjunto de la sociedad a recibir información veraz, más nos vale que la ciudadanía, con los periodistas a la cabeza, se remangue y denuncie hasta donde sea necesario cada vulneración, porque si vamos a terminar viendo normal  que se penalice contar lo que sucede, porque, como dice el lema de Reporteros sin Fronteras, si no lo contamos, no existe.