María del Carmen Pacheco. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El Consistorio prieguense se ha adherido al convenio que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha suscrito con las eléctricas Endesa e Iberdrola, siendo también la intención del equipo de gobierno hacerlo a un segundo suscrito entre la FAMP, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta.

El primero de ellos, como así adelantaba en rueda de prensa la presidenta del Área de Bienestar Social, María del Carmen Pacheco, tiene como objetivo evitar la interrupción del suministro eléctrico a personas con dificultades para hacer frente al pago de las facturas por este servicio, facilitándose también su restablecimiento en el caso de que éste se produzca.
Según Pacheco, con la adhesión del Ayuntamiento prieguense a este convenio marco, “se está facilitando, por un lado, la labor que desde los Servicios Sociales se viene prestando a las personas beneficiarias de este tipo de ayudas”, ya que ambas compañías establecen un período de tiempo determinado que da un margen de maniobra a Servicios Sociales para poder realizar la gestión y prestación económica, existiendo también un compromiso de no llevar a cabo el corte eléctrico, para evitar con ello los gastos que suponen el restablecimiento del mismo.
Si bien la adhesión a este convenio no comporta ninguna aportación económica por parte del Consistorio, como así apuntaba María del Carmen Pacheco, “sí es cierto que se exige al Ayuntamiento la disponibilidad de una partida destinada al pago de estas facturas”, añadiendo en este sentido que en el caso de Priego, “se cuenta con una partida de prestaciones económicas sociales complementarias destinadas a dicho fin”.
Según Pacheco, durante el pasado año el Consistorio prieguense destinó alrededor 18.000 euros en prestaciones económicas relacionadas con el suministro eléctrico, siendo una de las prestaciones más importantes que se realizan desde Servicios Sociales.
El segundo de los convenios, suscrito entre la FAMP, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta, y que se presentará en la próxima sesión plenaria del Consistorio prieguense para aprobar o no su adhesión al mismo, pretende abordar de manera coordinada el problema de numerosos ciudadanos a la hora de encontrarse inmersos en procedimientos de desalojo de su vivienda, desahucios o ejecuciones hipotecarias.
Convenio que, como así aclaraba Pacheco, establece un protocolo de actuación, una serie de medidas para facilitar a los profesionales de las administraciones públicas su actuación, así como actividades formativas y de divulgación.
Por último, la presidenta del Área de Bienestar Social recordaba que nuestra localidad cuenta con una Oficina de Defensa de la Vivienda, situada en el edificio de Servicios Sociales, donde se presta servicio gratuito de asesoramiento en materia de vivienda.