Representantes de la Coordinadora provincial de Stop Desahucios y de la Asamblea Local de IU en el acceso al Juzgado de Priego. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

Distintos representantes de la Coordinadora Provincial Stop Desahucios, acompañados por varios integrantes de la Asamblea Local de IU, han hecho entrega esta mañana a la titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Priego, de un documento en el que se denuncia el abuso y malas prácticas que se están cometiendo en las ejecuciones hipotecarias por parte de las entidades financieras, solicitando al poder judicial su implicación y vigilancia de esta situación.

En declaraciones a los medios, Pedro Navarro, Portavoz de Stop Desahucios Lucena y miembro de la Coordinadora Provincial Stop Desahucios, indicaba que este acto se está celebrando en todos los juzgados de la provincia, “solicitando que se constate quién es el propietario del bien”. En este sentido, Navarro indicaba que, en la mayoría de los procedimientos de ejecución hipotecaria, “son hipotecas que ya no son propiedades de los bancos, por lo que cuando se insta un desahucio, lo está haciendo un banco que no está legitimado a hacerlo porque esa hipoteca no es suya”.
Como indicaba Navarro, “el gobierno actual no está aplicando la Ley Hipotecaria dictada por Europa en el año 1993”, reiterando que en su petición se solicita que los jueces, antes de admitir a trámite una demanda contra una persona que no puede pagar su vivienda, “primero comprueben quién es el propietario, ya que dicha demanda es nula de pleno derecho”.
Igualmente, Pedro Navarro aprovechó para solicitar a los vecinos de Priego que tengan hipotecas, tanto si están en proceso de ejecución como si no, que comprueben la titularidad de su vivienda, “pese a lo farragoso que es el proceso”, recordando que en la provincia de Córdoba ya se han detectado más de 1.000 escrituras en la situación comentada.
En concreto, y como así indicaba Fran Marín, de la plataforma Stop Desahucios Cabra, en el documento presentado en el  Juzgado de Priego se solicita, en primer lugar, la suspensión de todos los desahucios y procedimientos de ejecución hipotecaria que se encuentran en trámite, “hasta que pueda determinarse quién es el titular real de la deuda y parte legitimada”.
Para ello, se solicita al Juzgado que oficie las diligencias pertinentes para conocer si el ejecutante es el legítimo poseedor de la deuda para, una vez comprobada y acreditada la titulación del préstamo objeto de ejecución, se decrete la nulidad de las actuaciones practicadas, al carecer la actora de la legitimación necesaria para instar el procedimiento.
Por último, ambos representantes coincidieron en señalar la necesidad de unir esfuerzos para paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria abiertos, ya que como reiteraron, al haberse producido una cesión a un tercero del préstamo hipotecario, la entidad financiera habría perdido su condición de titular acreedor del préstamo, y con ello, también las acciones destinadas a su restitución, incluida la hiptecaria.