Cristina Casanueva. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El Consistorio prieguense ha solicitado a la Junta la cesión del suelo sobre el que se han construido en Zamoranos 14 viviendas en régimen de autoconstrucción, cuyos propietarios se encuentran en estos momentos en un “limbo legal” al carecer de escrituras de propiedad.

Así lo ha indicado esta mañana la presidenta del Área de Urbanismo del Consistorio prieguense, Cristina Casanueva, en una comparecencia ante los medios en la que ha solicitado a la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) antigua EPSA, “celeridad” en este tema que se remonta al año 2000, cuando el Ayuntamiento y la Junta suscribieron un convenio para la construcción de 14 viviendas en la aldea prieguense, de entre 70 y 90 metros cuadrados, iniciándose las obras en febrero de 2001, finalizando éstas en julio de 2006, no entregándose las llaves a las familias hasta febrero de 2008.
Como puntualizaba Casanueva, estas viviendas se levantaron sobre suelos que pertenecían a la antigua EPSA, adelantando la Junta el importe de los materiales empleados, que debía ser devuelto a la administración autonómica mediante un préstamo.
En este sentido, la responsable municipal de Urbanismo hacía constar que en 2008 se volvía a suscribir un convenio, por el que la administración autonómica se comprometía a la cesión de dichos terrenos, algo que no se había producido en 2011 cuando el nuevo Equipo de Gobierno del PP tomó las riendas del Consistorio prieguense, demandando a la Junta información para dar una solución a este problema.
Tres años después Casanueva aseguraba que “seguimos esperando una respuesta al respecto”, haciendo referencia, de manera particular, a la reparcelación del terreno por parte de AVRA, “ya que mientras el Ayuntamiento no tenga a disposición estos suelos, no se puede llegar a un acuerdo con los propietarios para que desembolsen la cantidad a la que asciende los materiales, para con ello para poder escriturar”.
De ahí que Casanueva concluyera su comparecencia reiterando la situación de “limbo legal” en la que se encuentran las personas que llevaron a cabo la construcción de estas viviendas, “ya que tienen la licencia de la vivienda en la que residen, pero no tienen una propiedad como tal”, reiterando que desde la Junta, “no se está dando la celeridad que este tema necesita, máxime cuando la actual Corporación lleva tres años detrás de este tema intentando dar una solución al mismo”.