En la historia más reciente de la oleocultura española, la falta de criterio desconcertaba incluso a los más avispados defensores de lo que en la dictadura primoriverista se conoció como “cuestión oleícola”. Los resultados no se hicieron esperar.

Era difícil encontrar un cauce razonable para sector tan amplio, disperso y atiborrado de intereses contrapuestos. Todavía en plena crisis de la década de los años setenta del siglo pasado, productores y exportadores reclamaron unidad (“si nos ponemos de acuerdo para vender nuestros aceites, el precio será el que nosotros fijemos. Si, por el contrario, seguimos trabajando en forma anárquica, haciéndonos una competencia suicida, el precio lo impondrán los clientes”) frente a un ministro del ramo que gustaba de aparecer en la pantalla de televisión para tildarles de “grupo de presión”. Nada más lejos de la realidad. Pasado el tiempo, el panorama parece que sigue siendo el mismo con la salvedad de una vinculación: la Política Agraria Común (PAC).
Durante el primer semestre de 2012, se han sucedido una serie de acontecimientos vitales para el futuro de la oleicultura española en general y la andaluza en particular. El primero ya coleaba. Se trata del almacenamiento privado de aceite. Su activación finalmente ha sido ineficaz e irrelevante y quizás los culpables sean, entre otros, los tan manidos “grupos de distribución” pero sí se es el principal productor y exportador ¿por qué no configurar las tendencias del mercado?, ¿por qué ante precios que están muy por debajo de los costes de producción no se invierte, realmente, en promoción? ó ¿por qué no intentar equilibrar la oferta y la demanda para no correr el riesgo de producir excedentes?. Ya lo corroboraba el director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (Barjol) cuando viajó a Córdoba en febrero: “para que se incremente el precio hay que vender un producto que se diferencie y con una calidad específica”.
En marzo se presentaba el “Foro Europeo de Regiones del Olivar” impulsado por la Junta de Andalucía y, si bien es cierto que la PAC que ahora se debate no reconoce (todavía) las particularidades del olivar a diferencia de otros productos, no es menos que los problemas estructurales siguen estando ahí (automización del sector, falta de relevo generacional y pérdida de competitividad) pero, si se necesita un grupo de presión a nivel europeo, ¿por qué sólo se han adherido 10 de las 44 regiones? ó ¿por qué unos defienden una PAC igual para todos y otros reclaman derechos históricos?.
Ya en abril, el comisario de agricultura europeo (Ciolos) anunciaba en Córdoba que estaba ultimando la presentación de un plan de acción sobre el olivar. A diferencia del fracasado Fischler, ha venido formulando propuestas tales como la creación de una plataforma común de cooperación al objeto de fomentar la competitividad, ambicionar la promoción para que el sector sea más dinámico ó apostar por los circuitos de comercialización cortos como generadores de riqueza. Ni corto ni perezoso ha señalado que España ha trabajado mucho “intentado desarrollar el sector de la producción del olivar gracias a la organización de las superficies en los últimos años” pero “la organización del sector no siempre ha seguido ese desarrollo” por lo que confía en que "los productores de aceite de oliva en España y en Andalucía sabrán unirse de la misma manera que parecen unidas y compactas las superficies en la región".
De momento, Gobierno y Comunidades Autónomas, han alcanzado una posición común para el debate de la reforma de la PAC (más si cabe para mantener el actual nivel de ayudas que España viene percibiendo) aunque será preciso escuchar con atención al sector, ahora bien, ¿sabrán unos y otros hacer suyas estas y otras propuestas al objeto de generar un valor añadido para poner remedio a la cuestión oleícola?. En breve lo sabremos.