El desarrollo de la democracia es real si va unido a la consolidación de un modelo económico y productivo que posibilite al conjunto de la sociedad avanzar en justicia y equidad. Esta debe ser una democracia que, más allá de la capacidad de emitir un voto cada cuatro años, tenga como eje de la misma un equilibrio de poder entre las clases sociales existentes. Un equilibrio donde los intereses de los más débiles deben ser el centro de gravedad del mismo.

Desde la década de los años setenta el modelo económico ha estado sustentado por principios proclives hacia un capitalismo más liberal basado en disciplina presupuestaria, liberalización financiera y desregulación económica. La consecuencia ha sido un proceso de financiarización, de subordinación de la economía productiva a la economía financiera y especulativa. Un proceso que, al mismo tiempo, ha ido disminuyendo las rentas salariales y ha configurado unas nuevas relaciones laborales más flexibles donde el trabajo es muy precario y se le ha despojado de funciones vitales para las personas y para la sociedad. La pérdida de derechos de los trabajadores y el debilitamiento de sus organizaciones han resquebrajado el frágil equilibrio existente entre capital y trabajo.
Esta realidad ha generado una profunda desigualdad en la distribución de la renta. “El que fue secretario de Trabajo con Clinton, Robert Reich, ha señalado que en 1976 el 1 por ciento de la población de Estados Unidos poseía el 9 por ciento de la riqueza y ahora, después de estos años de políticas neoliberales, ya acumula el 20 por ciento.”1 Desigualdad que, unida al endeudamiento para mantener los niveles de consumo, ha alimentado la especulación financiera y ha generado, entre otras causas, la crisis que padecemos.
Y, al mismo tiempo, esas tesis neoliberales han dinamitado paulatinamente la extensión del Estado de Bienestar con un desprestigio de lo público, disminución del gasto social, privatización de empresas, recorte de derechos sociales… Cuando el bienestar de los ciudadanos es insuficiente la democracia es incompleta.2
Esta realidad ha ido rompiendo los débiles equilibrios que existían entre las clases sociales, elemento clave para el desarrollo democrático. El mayor poder económico en el escenario nacional e internacional de los grupos sociales que dominan las finanzas y las grandes corporaciones empresariales les ha llevado a un creciente control político que han usurpado al conjunto de la población. Pero, es más, en este proceso de deterioro democrático se ha ido instalando paulatinamente la idea de que la democracia es más eficaz socialmente si se despolitiza3.
Una manifestación de esta democracia despolitizada está apoyada en el principio de que los tecnócratas aportan eficacia a la vida política y a la solución de los problemas que tenemos. Los Estados cada vez han ido creando instituciones con autoridad delegada. Instituciones independientes nombradas por responsables políticos elegidos democráticamente pero, al mismo tiempo, aisladas de los procesos electorales y del control de los ciudadanos. Instituciones como los Bancos Centrales o poderosos órganos reguladores en ámbitos como la alimentación, la salud, los fármacos… Instituciones dirigidas por expertos que están, en demasiadas ocasiones, al servicio de los grupos financieros y empresariales más poderosos de los que dichos tecnócratas también forman parte y que han posibilitado el desarrollo y la mundialización de las políticas neoliberales.
La crisis económica actual agrava este déficit democrático y extiende esta despolitización. No sólo porque ésta se ha ido traspasando del ámbito financiero al productivo y a la capacidad de endeudamiento e inversión de los Estados haciéndolos más dependientes y sumisos a los mercados, sino porque estos están imponiendo medidas que ahondan en el proceso de quiebra de la democracia, despolitizándola. Una democracia donde, en determinadas circunstancias, los partidos políticos ya no son considerados útiles para las inmorales medidas a las que los gobiernos, al dictado de los grupos de presión, han de someter a la población. Al igual que ya existen instituciones con una autoridad delegada, también los gobiernos deben estar dirigidos por tecnócratas a los que se les concede una autoridad delegada para que “hagan lo que tienen que hacer”. El caso del primer ministro italiano Mario Monti es un ejemplo y una experiencia que hemos de tener muy presente.
Las tesis que defienden este planteamiento nos dicen que la ausencia de personalidades políticas en los gobiernos es una ayuda en lugar de un obstáculo. Cuando las medidas a las que se somete a la población son difíciles es importante que sus dirigentes no estén sujetos a las presiones de los votantes que defenderán sus intereses inmediatos pero no el “bien de la comunidad”. Medidas que aunque traumáticas a corto plazo son, según ellos, las únicas posibles con perspectiva de futuro. Este razonamiento rehúye de una democracia más directa y participativa porque la consideran inviable, máxime en tiempo de crisis, para desarrollar las “políticas necesarias” para salir de la misma y crecer económicamente. Es curioso que nos presentan a estos técnicos como expertos que aplican en la economía, en las políticas presupuestarias, en las relaciones laborales, en la sanidad, en la educación… las únicas medidas “científicamente” posibles ajenas a intereses particulares de grupos sociales, cuando a nadie se nos escapa que los problemas que aquejan a la sociedad no son en principio de carácter técnico sino fundamentalmente ético y las orientaciones y medidas concretas están muy determinadas por las opciones ideológicas de las que se parte. No es de extrañar que estas decisiones de los tecnócratas terminen favoreciendo a los grupos sociales más poderosos e influyentes.
El desarrollo del neoliberalismo no sólo ha necesitado de una democracia débil sino que la salida de la crisis que ha provocado se presenta como argumento para seguir despolitizándola.


1 Autores Varios: Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Sequitur. Madrid 2011. Pág33

2 Como explicita el título del libro de Vicenç Navarro: “Bienestar insuficiente, democracia incompleta”.

3 Nathan Gardels: La “democracia despolitizada” de Monti. El País 2-2-2012