Qué entiende nuestra Delegada por calidad de la enseñanza, cómo pretende dignificar la profesión docente. Su estrategia parece consistir en cuestionar nuestro trabajo, nuestra capacitación profesional y el esfuerzo y la seriedad que, contra viento y marea, intentamos mantener a lo largo de todo un curso.

La estrategia es aprobar por decreto a quien, sin ningún impedimento físico o psíquico, repitiendo curso con menos asignaturas que sus esforzados compañeros, se manifiesta incapaz de aprobar una asignatura en nueve meses. No es necesario ni siquiera esperar a septiembre, convocatoria extraordinaria pensada precisamente para quienes necesitan más tiempo para asimilar los contenidos mínimos de una materia o han descuidado la responsabilidad que exige ser estudiante. No, nada de esto es necesario porque basta sustituir el esfuerzo por una reclamación convenientemente presentada por un abogado que sea capaz de convertir lo negro en blanco. Lo que menos importa es qué saben nuestros alumnos, sino cómo desautorizar a quienes les enseñan.

Es cierto desde luego que todos podemos equivocarnos y que los errores son más transcendentes cuando, como en el caso de la enseñanza, afectan a otras personas. Por eso los profesionales de la enseñanza medimos al milímetro nuestras decisiones, pensamos y repensamos la nota que ponemos a un alumno o una alumna, su actitud, su trabajo y sus posibilidades. Nos atenemos con estricta seriedad a la normativa vigente, a nuestras programaciones consensuadas en los departamentos y aprendemos de la experiencia de años de trabajo y dedicación. Y decidimos desde el respeto a la dignidad de las personas, de las materias que impartimos y también desde el respeto a nuestra propia dignidad. Por eso merecemos, cuanto menos, que si alguien, en pleno uso de sus derechos, reclama que se rectifiquen nuestras decisiones, se nos comunique al menos en qué se fundamenta esa reclamación y se nos de una respuesta detalla de las causas que llevan a la Delegación a cambiar una nota por otra en lugar de dar una respuesta tan genérica que cabe resumir en que hemos hecho todo mal, en que no tenemos ni idea de cómo evaluar y no conocemos los documentos más básicos con los que trabajamos. Un caso cuestiona una carrera profesional sin más explicaciones ni más posibilidad de defenderse.

Debería ser consciente nuestra Delegada de que cuando cuestiona una decisión de evaluación sin dar mayores argumentos no sólo está reparando un presunto error, sino que está cuestionando todo el trabajo y todas las decisiones que ha tomado un profesor o una profesora  – ¿o es que sólo se equivoca cuando evalúa a quien repite y no aprueba una materia en junio sin intentarlo de nuevo en septiembre?- y  está abriendo además la veda al aprobado por vía administrativa.

Flaco favor se hace así a la enseñanza pública que más que nadie debería defender nuestra administración educativa, flaco favor se hace a los estudiantes y a sus familias acostumbrándoles a buscar aprobados en las delegaciones, y flaco favor se hace a los ya tan maltrechos trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, cada vez más vulnerados y vulnerables, aunque más comprometidos con la calidad de la enseñanza pública que quienes deberían abanderarla.