En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a escuchar desde distintos púlpitos, platós de televisión o artículos de opinión el término anti-sistema.

Dicho término hace referencia a personas o colectivos que se oponen al sistema político o económico establecido. Por supuesto, estamos mencionando una oposición frontal a las leyes establecidas y la promoción de su incumplimiento.
En el pasado pleno de noviembre el Grupo Municipal Participa Priego llevaba dos mociones relativas al cumplimiento de la ley que, en este momento, el ayuntamiento incumple.
La primera era relativa a la ley de transparencia en las que pedíamos cosas tan “radicales” como que el ayuntamiento reestructurase su portal de transparencia de manera que presente a los ciudadanxs la información como va a exigir la ley en apenas dos semanas: con presupuestos debidamente desmenuzados, con la debida información de las licitaciones, con la inclusión de las sociedades con participación mayoritaria del ayuntamiento en su accionariado…
El Partido Popular no fue capaz de votar favorablemente está moción, por lo que se muestra ambiguo en cumplir una ley que viene, además, del Parlamento en el que impera la mayoría absoluta de su propio partido.
Por otra parte, presentábamos una moción relativa a la instalación de contadores y el pago de consumos adscritos del ayuntamiento. Ambas cuestiones son recogidas en numerosos articulados tanto en el Reglamento de Aguas del propio Ayuntamiento como en el Reglamento Andaluz de Aguas de la Junta de Andalucía.
Tanto los concejales del Partido Popular, que votaron en contra, como los concejales del Partido Socialista, que se abstuvieron, tumbaron esta moción que sólo pedía que se cumpliera la ley.
Cuando está cayendo en este país la que está cayendo por cuestiones como la posible secesión de Cataluña en la que se blande la carta magna como el pararrayos del independentismo; que un ayuntamiento como el de Priego regido, precisamente, por el PP se oponga a cumplir la ley nos parece un asunto de extrema gravedad que deslegitima al propio ayuntamiento a exigirles a los vecinos y vecinas de nuestro municipio a que cumplan con dicha ley. Si el ayuntamiento no paga sus consumos, si se niega a que la empresa coloque contadores para fiscalizar el gasto y las más que probables fugas, ¿qué legitimidad le queda para exigirle a los vecinos que paguen sus recibos?
Nos parece muy triste la actitud tanto del equipo de gobierno como del principal partido de la oposición en este asunto. Esgrimir que esto hay que proponerlo a puerta cerrada no hace sino acrecentar las dudas de la gente sobre el escaso nivel de transparencia en la cuestión del agua y del Ayuntamiento a nivel general.
El pasado miércoles el pleno se declaró insumiso a la ley. Tenemos dieciséis concejales claramente antisistema, ediles que se niegan a que nuestro propio ayuntamiento cumpla las normas; las suyas y las de la Junta de Andalucía. Está muy claro que para algunos, Las normas están para cumplirse, siempre y cuando les convenga.