Francisco Durán, Miguel Forcada, Antonio Barragán y Fernando Martínez, el viernes durante la presentación del trabajo. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El salón de actos del patronato municipal Niceto Alcalá-Zamora acogía el pasado viernes la presentación de un destacado trabajo de investigación sobre uno de los textos legislativos más “aberrantes” jurídicamente hablando, de los primeros años del régimen franquista, la denominada Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.

Un exhaustivo trabajo, fruto de una rigurosa labor de investigación científica que arrancó en 2007, y en el que han tomado parte 44 investigadores de distintas universidades andaluzas, coordinados por Miguel Gómez Oliver, Fernando Martínez López y Antonio Barragán Moriana, en un intento de analizar y medir el impacto de dicha Ley sobre la población andaluza desde el punto de vista económico, una faceta hasta el momento poco conocida.
Bajo el título genérico “El botín de guerra en Andalucía: cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945”, el trabajo analiza las intervenciones de las Comisiones Provinciales de Incautaciones de Bienes en las provincias ocupadas por las tropas rebeldes a la República y las actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas en toda la región entre 1939 y 1945.
Para ello, como así indicó durante la presentación el profesor Antonio Barragán, que estuvo acompañado en el acto por el también coordinador Fernando Martínez, así como por el presidente del Área de Cultura del Consistorio prieguense, Miguel Forcada, y por el vocal de gestión del patronato Alcalá-Zamora, Francisco Durán, se han analizado y desbrozado más de 30.000 expedientes pertenecientes a unos 60.000 andaluces que fueron enjuiciados por esta Ley. Expedientes y documentación muy dispersa geográficamente, lo que creó un problema metodológico a la hora de su homogenización.
La obra está divida en tres partes, abordándose en la primera una reflexión sobre la violencia política en Andalucía y el marco legislativo de este tipo de represión, realizando un balance sobre el alcance económico y el impacto que tuvo en las bases sociales y políticas de los partidos republicanos y el movimiento obrero andaluz.
La segunda está dedicada al análisis de los procesos de incautaciones y sanciones económicas en cada una de las ocho provincias andaluzas, centrándose el último capítulo, titulado genéricamente “La invención del enemigo”, en la repercusión que tuvo esta Ley sobre las mujeres y la élite política republicana andaluza, profundizando sobre los informes emitidos por párrocos, alcaldes, Guardia Civil y Falange sobre los procesados, analizándose el perfil de los tribunales de excepción en Andalucía.
Según indicaba Fernando Martínez, la cuantía de las sanciones que se derivaron de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas asciende, según los cálculos realizados en el trabajo, a 120 millones de pesetas de la época, unos 43.000 millones de euros en nuestros días, afectando a los sectores más débiles económicamente de la población, campesinos y pequeños propietarios que, según Martínez, “fueron los que realmente pagaron estas sanciones”.