Por Nicolás Puerto Barrios, ingeniero técnico de Telecomunicaciones, escritor y periodista, miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones
Nicolás Puerto Barrios (*)
Viernes 14 de agosto de 2026 - 10:00

Tercera entrega de la serie conmemorativa del 90 aniversario de la Guerra Civil española, firmada por Nicolás Puerto Barrios, que repasa cómo republicanos y sublevados trataron de controlar la información que salía de España durante el conflicto.

Explicaba mi amigo Vicente Romano García (qepd), catedrático de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, en su libro “La Formación de la Mentalidad Sumisa”, el papel de la censura ejercida por el “gatekeeper” (cierra esclusas) en los sistemas de comunicación o de difusión unidireccional de los mensajes (prensa escrita, radio, televisión, internet, etc.), dependiente de los intereses del emisor.

Pero en nuestra Guerra Civil, en ambas partes, los sublevados y los republicanos se dieron cuenta de que tenían que impedir que la oleada de corresponsales internacionales que afluyeron a España pudiera transmitir en sus crónicas versiones inciertas y/o perjudiciales para su estrategia comunicativa. A veces estas noticias no se conocían hasta varios días, semanas o meses después de producirse los hechos. Dos sucesos provocaron un cambio en la política de difusión de la información de cada uno de los contendientes.

El asesinato masivo de Badajoz
Este es el caso más conocido y del que hay fechas exactas de cuándo se supo. Fue en agosto de 1936. ¿Qué pasó en la Plaza de Toros de Badajoz el 14 y 15 de agosto de 1936?

Tras tomar Badajoz, las tropas del coronel golpista Yagüe metieron a cientos de presos en la plaza de toros. Allí hubo fusilamientos masivos y las cifras nunca se cerraron: se habla de hasta 4.000, según reconoció el propio Yagüe al New York Herald Tribune: “Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo?”. En la plaza de toros los metían atados y luego los quemaban en el cementerio.

La masacre se conoció en el exterior muy pronto, en 24-48 horas, ya que los corresponsales extranjeros fueron los primeros en entrar, el día 15 de agosto.

La prensa internacional fue recogiendo el suceso en los días siguientes: el 15 de agosto, Le Temps publicó la crónica de Jacques Berthet; el 16 de agosto, el Diário de Lisboa sacó en portada “As colunas de rebeldes prepáran-se para partir”, con la descripción de la plaza de toros firmada por Mário Neves; el 17 de agosto, Le Temps volvió con el titular “No son 500, sino más de 4.000 muertos”; el 18 de agosto, Le Populaire habló de 1.500 ejecutados y Le Figaro publicó en primera plana un artículo de François Mauriac; y el 30 de agosto, el Chicago Tribune publicó el célebre reportaje de Jay Allen.

René Brut, de Pathé News, sacó las únicas imágenes de los cadáveres, lo que llevó al régimen a reaccionar con una censura total. El mismo 15 de agosto, Franco nombró a Luis Bolín jefe de prensa y sacó un bando: ningún periodista podía entrar en una ciudad hasta 24 horas después de su conquista.

Se dice que en Badajoz la opinión pública mundial vio por primera vez la política sistemática del terror fascista que años después invadiría Europa.

En zona republicana, el 27 de octubre de 1936, “La Voz de Madrid” publicó un artículo sobre Badajoz y el asesinato masivo cometido por las fuerzas franquistas.

La caída de Bilbao
La caída de Bilbao, el 19 de junio de 1937, fue el segundo episodio que transformó la política informativa republicana. Durante semanas, la prensa y la radio republicanas habían asegurado a la población que Bilbao y su sofisticado sistema de fortificaciones —el Cinturón de Hierro— eran inexpugnables. Cuando la ciudad cayó con relativa rapidez, el contraste entre la propaganda triunfalista y la realidad militar generó un profundo trauma psicológico y una crisis de credibilidad institucional en la retaguardia.

El gobierno republicano entendió que la propaganda no podía seguir basándose en ocultar sistemáticamente la realidad o en inventar victorias inexistentes. La organización de la difusión de noticias en el bando republicano sufrió entonces una profunda transformación institucional, colectivizada y centralizada, motivada por la necesidad de controlar el relato bélico, mantener la moral de la retaguardia y unificar las múltiples voces ideológicas del territorio.

Se priorizó el uso de las estaciones de onda corta —como las de Aranjuez de Transradio, Radiarg en Vallecas y CTNE en Pozuelo del Rey— para transmitir información en tiempo real directamente a Europa, América y Canarias, sorteando así las dificultades de inestabilidad de las líneas telegráficas y telefónicas terrestres.

Entre los efectos principales de esta reestructuración destacó la apertura controlada a corresponsales: el gobierno facilitó el trabajo de periodistas internacionales de renombre, como Ernest Hemingway, Ilia Ehrenburg, François Mauriac o Robert Capa, y les dio mayor libertad de movimiento que el bando sublevado, aunque sus crónicas debían pasar obligatoriamente por oficinas de censura telefónica y telegráfica en Madrid o Valencia.

En Madrid estaba al frente de la Oficina de Censura, ubicada en la quinta planta del edificio de Telefónica de la Gran Vía, el escritor y periodista de UGT Arturo Barea, que en septiembre de 1937 presentó su renuncia alegando oficialmente “motivos de salud”, tras un profundo agotamiento nervioso provocado por los incesantes bombardeos sobre el edificio.

El periodista de ABC Luis Bolín es citado en el libro del historiador Ángel Viñas “La Alemania nazi y el 18 de julio” por haber mantenido reuniones con empresarios alemanes para negociar su apoyo al golpe de Estado y a la posterior Guerra Civil en España.

(*) Nicolás Puerto Barrios. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones.

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