Nuria Ortiz, Manuel Baena y José Francisco del Caño, durante su comparecencia ante los medios. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El parlamentario andaluz por IULV-CA, Manuel Baena, participaba el pasado martes junto a varios integrantes de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Priego en un acto público en la ELA de Castil de Campos centrado en el anteproyecto de la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Baena, que cuenta con una gran experiencia en temas municipalistas al haber estado durante tres legislaturas al frente de la Alcaldía de Puente Genil, ofrecía previamente una rueda de prensa en la sede de IU, en la que el coordinador local de la formación, José Francisco del Caño, aprovechaba la ocasión para anunciar la presentación de una moción por el grupo municipal, en la que se rechaza esta reforma.
En su comparecencia ante los medios, Baena destacaba la importancia de esta reforma planteada por el Gobierno central, en la que su motor es la solución al déficit, “poniéndonos a todos bajo el imperativo legal de la eliminación de la deuda”, indicando que esta nueva Ley, “pretende homogeneizar un territorio que es difícilmente homogeneizable”, haciendo referencia igualmente al sometimiento que se está produciendo, a través de la economía, y que según Baena, nos conduce a una “recentralización progresiva” de todas las estructuras del país.
Según Baena, en nuestro país el 80% de los políticos municipales, “no cobran ni un duro de asignación”, indicando que con esta modificación, “muchas de poblaciones andaluzas podrán tener más concejales liberados, los Alcaldes podrán cobrar más dinero del que cobran actualmente y podrán tener más cargos de confianza”, luego para Baena, esos 7.000 millones de ahorro que se plantean en la reforma, “no sabemos en qué se basan”.
Igualmente, el parlamentario andaluz de IU hacía  referencia a la eliminación de competencias para los Ayuntamientos que plantea el anteproyecto, entre ellas el mantenimiento de los colegios de Primaria y los servicios sociales comunitarios que pasarían a depender directamente de las Comunidades Autónomas, provocando según Baena, “la sumisión de los municipios menores de 20.000 habitantes a las Diputaciones Provinciales”.
De ahí que para Manuel Baena el contenido de la nueva Ley, “priva a los ciudadanos del acceso a la administración más cercana y la más permeable a sus inquietudes”, sospechando que con el estándar de costes que sobrevuela en el anteproyecto, “las Corporaciones locales se convertirán en una junta de accionistas que determinarán cómo se venden los servicios públicos a los postores privados que ya están apareciendo”.
Ante estos argumentos, Baena expuso la negativa de su formación a esta modificación que en el caso de las ELA’s supondrá su “exterminio”, concluyendo que esta nueva Ley supone una nueva pérdida de poder de la ciudadanía frente a la administración y un empobrecimiento de la democracia española.