El pasado pleno municipal celebrado el pasado 1 de abril de 2013 se aprobó la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida -los Verdes- Convocatoria por Andalucía del ayuntamiento de Piego de Córdoba, relativa al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración Local con los votos a favor del PSOE, PA e IU y el voto en contra del PP. Así se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.- El Ayuntamiento de Priego de Córdoba muestra su rechazo a toda reforma de la administración local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en el ejercicio de las funciones establecidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
3.- Comunicar igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de financiación local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.
Mañana, 3 de abril, conmemoramos el trigésimo cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales desde la vuelta de la democracia a nuestro país. Ese día, los hombres y mujeres de los pueblos y ciudades de Andalucía con derecho a voto acudieron masivamente a elegir a sus concejales y concejalas, con la certeza de que esa cercanía iba a ser clave para el desarrollo posterior de su municipio. La ilusión por desarrollar un gobierno democrático en la administración más cercana se reflejó en la transformación de las ciudades, pueblos, aldeas y pedanías, impulsados por el empuje activo de una ciudadanía ávida de cambios y de mejoras.
Treinta y cuatro años después, la democracia local que con tantas dificultades se construyó por todos y todas está en peligro por una reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas, es decir, de todos y todas.
Con esta Ley Anti-Ayuntamientos, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un  “coste estándar”, fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real del servicios.  Esta reducción de costes tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos y la pérdida de empleo municipal. Además, la Diputación impondrá en ese caso los impuestos municipales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese “coste estándar”. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio.
Además, la aplicación de esta reforma va a provocar:
1)Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos;
2)Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones;
3)Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en caso de incumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y pérdida de competencias entre los de 5.000 y  20.000 habitantes en favor de las Diputaciones.
4)Dos tipos de Entidades Locales Autónomas;
5)Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal;
6)Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la administración local.
7)Supresión, entre otras, de las competencias en promoción de viviendas, servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.
8)Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local;
9)Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local;
10)Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos
Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía ha sido desde su fundación una fuerza municipalista, que pone en práctica en los Ayuntamientos que dirige formas de gobernar diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importantes en los momentos en que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando.