Nada nuevo. La corrupción es un mal endémico de los sistemas políticos democráticos, y mucho más de los no democráticos. Si en los primeros las corruptelas surgen cual  burbujas fétidas del estanque institucional, en los segundos la pompa surge de la vileza del dictador y eclosiona participando del nepotismo a sobrinos y amiguetes.

En la Grecia de Pisístrato, en la Roma Republicana y hasta en la Iglesia Medieval abundaron casos de perversión nepotista, para emplear y beneficiar, como hoy, a familiares y prosélitos.
En nuestra frágil y precaria democracia hay que reprender con prudencia y cautela, pero con preceptos legales rigurosos y estrictos, los desmanes que tanto personaje indigno inflige al liberalismo, desvencijado por el daño que provocan dirigentes, instituciones y prensa, que han generado la desafección y desconfianza, conducentes a la abstención, movimientos populistas e inestabilidad política.
El ser humano no es malo, se envilece en contacto con el indigno y deshonesto, presto a sacar ventaja ilegal y a obtener favor por dinero, males intrínsecos de parte de la clase política, empresarial y funcionarial, innoble y avariciosa.
¿Quién corrompe? Quien paga o quien percibe el beneficio. Fue antes la gallina o el huevo. Lo raro es que casos rumoreados, no se hayan destapado antes, por no castigar al mensajero, que desde luego no estaba protegido, ni recibió parte de la tarta. La corrupción se extiende desde el giraldillo a los cimientos, y son más frecuentes en estamentos como las CCAA, Mancomunidades y Ayuntamientos, donde hay menos control y más artífices que incitan al desfalco porque confían en la impunidad. Lo peor no es creerse exento de la condena que implica el delito, sino que además se nos niegue el derecho a ser reparados con la devolución de lo sustraído y el cese del privilegio.
Motivos de la necrosis son: la conciencia social laxa y disoluta, la escasa o nula educación en valores, la inmodestia y megalomanía, el corporativismo tapadera, la falta de trasparencia  en el manejo de fondos públicos, la discrecionalidad y opacidad excesivas, es decir, las decisiones individuales o poco colegiadas. Si tomar una decisión o hacer un pago dependiera siempre del acuerdo de un equipo, serían casi imposibles los casos de corrupción. Control y más control.
El problema es habituarse, y mientras haya mordida económica para políticos miserables, funcionarios contaminados, nepotismo incorregible y pérfidos privilegios para las empresas, éstas, perjudicadas por la comisión, prestarán peor calidad en el servicio, porque “nadie vende duros a cuatro pesetas”. O los empresarios otean el horizonte político hasta avistar a la más débil de sus presas, - presidentes, consejeros, diputados, alcaldes, concejales y funcionarios-, o alguno de estos buitres atisbará al empresario más infame para aprovechar la carroña.
Necesario sería propugnar que no haya impunidad para acabar con la corrupción. No vale que los del puño y la rosa, violetas, naranjas rojillos y sus vocingleros, excomulguen y condenen al PP a la oposición, para que purgue sus corruptelas y se regenere, mientras los primeros tienen en Andalucía los casos más obscenos de la democracia; los segundos tapan y mantienen en las instituciones a políticos juzgados y condenados; los terceros tras las elecciones del 20 D de 2015 se negaron a apoyar al PP por su corrupción, pero siguen apoyando al PSOE andaluz; los cuartos están con los proetarras y rufianes, y los medios devotos atacan a unos, y son todo tapujos y disimulo con los demás. Varas de medir; los casos Púnica y Gürtel tienen cara, los ERE y Cursos de Formación, no. Los sucesos malolientes son todos vergonzosos, pero más apestan cuanto más se roba, se reparte y se trata de tapar para que no atufe.
Gallardón  propuso reducir los 17.621 aforamientos de cargos públicos y dejarlos en 22: Rey, presidentes del Gobierno, Congreso, Senado y Tribunal Constitucional, y los 17 presidentes autonómicos; para ello habría que reformar la Constitución y los Estatutos de Autonomía, pero eso no interesa, pues los aforados no son juzgados por los tribunales de primera instancia, sino por los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas o por el Tribunal Supremo, que al no ser independientes, porque en parte los nombra el poder legislativo y ejecutivo, podrían proteger a los que han respaldado su nombramiento.
Para dificultar la corrupción y no entorpecer los recursos y procesos es imprescindible la firme postura de las instituciones y de la justicia, frente a la pasividad y debilidad actuales. Más y mejor educación de todos,  transparencia con el dinero público, y como último medio preventivo, acuerdos y decisiones públicas colegiadas que evitarían la iniquidad de tanto mangante.
El aforamiento contradice el principio de igualdad y supone modificaciones en las normas procesales en beneficio de los privilegiados; la equidad no existe y la indignación contribuye al malestar, la rabia y el desorden.
El pueblo manipulado quiere sangre de los corruptos, y como afirmó un magistrado, si así fuera “La justicia saldría por la ventana y la venganza entraría por la puerta”. Si el investigado y llamado a declarar es de izquierdas como el actual alcalde de Granada o la condenada Rita Maestre, serán protegidos y apoyados por sus camaradas, y  los medios adeptos no los denigrarán e invitarán a dimitir, sino que los beatificarán; pero si es de derechas como Rita Barberá le exigirán dimitir, la lincharán y condenarán al patíbulo. La falta de ecuanimidad no asegura garantías procesales, y un juicio interminable resulta malo para la opinión pública y óptimo para imputados que pueden ver sus causas sobreseídas y archivadas.
Craso error, pues no existen partidos corruptos como tampoco provincias, ayuntamientos o sociedades; hay personas sucias, viciadas y disolutas, sobre las que no puede recaer la venganza preventiva de los enemigos políticos y su prensa incondicional, sino que incoar diligencias, juicios y condenas o no, debe partir de la justicia. Es muy fácil vaticinar la delincuencia del prójimo y acribillar su reputación, castigando a una persona que puede resultar absuelta. Partidos políticos y poderes mediáticos han enterrado la presunción de inocencia y condenado sin juicio a muchos a quienes los tribunales han eximido de culpa.
¿Quién les restituye el prestigio de su imagen, el derecho a la presunción de inocencia, su crédito laboral y la honra de su familia? Ser investigado, no implica ser delincuente, pero si se demuestra, dimisión o cese automático, restitución de lo sustraído y si la ley lo contemple, cárcel. Exijamos justicia con todos pero no venganza, que sería considerar escoria a quien te cae mal o no opina como tú. Piensa antes de juzgar.