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La Junta concede al Consistorio 88.806 euros para financiar los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo
La aportación se realizará en dos anualidades
Viernes 13 de marzo de 2020 - 18:08
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación distribuirá más de 13,7 millones de euros (13.720.602 euros) entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
En concreto, a la provincia de Córdoba le corresponden 1.332.090 euros, distribuidos entre la Diputación de Córdoba, y los ayuntamientos de Córdoba, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Puente Genil, Palma del Río y Priego.
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021, según establece la Orden que publica este miércoles en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
En el caso del Consistorio prieguense, la aportación será de 88.806 euros, de los que 59.204 euros se percibirán durante 2020 y los 29.602 restantes en 2021.
Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.