Cambiar las leyes educativas cuando cambian los gobiernos es hacer un flaco favor al sistema educativo. La reforma educativa que plantea el PP de Rajoy es absolutamente innecesaria, totalmente ajena a criterios científicos y a criterios democráticos pues ha sido procesada sin ningún tipo de consenso y totalmente  a espaldas de la comunidad educativa. Esta ley no responde a criterios pedagógicos, responde a la obsesión de españolizar y adoctrinar y pone en peligro el sistema de educación pública.

La LOMCE ha suscitado una crítica unánime entre los sindicatos que representan al profesorado, las asociaciones de padres y de estudiantes. Estos sectores, reunidos en la Plataforma por la Escuela Pública han organizado múltiples acciones de protesta  durante su elaboración, culminando con la huelga general en el sector educativo el 9 de mayo en la que decenas de miles de personas se han manifestado, en pueblos y ciudades, contra la ley. Todos en contra de la ley, incluso el Consejo de Estado ha hecho observaciones muy serias sobre su contenido, recordaremos la recomendación de que se mantuviese la asignatura de educación para la ciudadanía.
La ley fomenta un sistema educativo hostil disminuyendo la calidad en muchas áreas y perjudicando gravemente la cohesión social. Supone un ataque al sistema educativo público y al modelo de convivencia en el que desde hace más de treinta años se ha trabajado para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Además afirmamos que es una ley segregacionista que va a permitir que los colegios que separan por sexo al alumnado tengan acceso a conciertos públicos y una ley involucionista en la que la nota de religión condicionará para la obtención de becas.
Es una ley injusta pues propone un sistema de evaluaciones externas anticuado que se basa solamente en la memorización y no enseña a los estudiantes a ser críticos y reflexivos, porque los cambios que propone en la educación básica profesional supondrán de hecho abandonar a su suerte a gran número de estudiantes con dificultades en el proceso de aprendizaje.
La reforma que se nos va a imponer desde la mayoría absoluta del PP, cada vez más deslegitimada, solo busca la imposición ideológica y el interés partidista de las élites sociales. Reduce al mínimo la participación de la comunidad educativa y elude las objeciones del Consejo de Estado por lo que podemos tildarla de ley de talente pre-democrático. Rompe el concepto de igualdad, porque los niños y niñas a partir de  ahora serán segregados por género, origen social y capacidad.
Sobre la memoria económica, si bien dijo el ministro Wert al presentar el anteproyecto que tendría un coste "nulo" la verdad es otra, se necesitarán unos 400 millones de euros para su puesta en marcha. Tantos recortes y tantos sacrificios que se están exigiendo a los ciudadanos y ahora de una tacada y sin el menor escrúpulo fomentamos un gasto inútil, que además en gran parte se quiere que recaiga sobre las comunidades autónomas.