La actual situación de crisis económica se está convirtiendo también en una crisis social. Las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas del Estado y de la mayoría de Comunidades Autónomas están vulnerando claramente los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. Unos derechos que al movimiento asociativo representado por FEAPS le ha costado generaciones levantar, vidas enteras de esfuerzo no pueden ser desperdiciadas, y no estamos dispuestos a admitirlo.

Esta situación índice directamente en los siguientes aspectos:

La deuda por recortes, retrasos e impagos de contratos firmados entre nuestras entidades y las administraciones públicas superan en toda España los 73 millones de euros. Esta situación pone en peligro el apoyo y los servicios que FEAPS presta a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, y hace imposible garantizar que cada una de ellas tenga un proyecto vital de calidad, y que luchemos por la igualdad de oportunidades y la plena ciudadanía, como manda nuestra misión.

Una merma de la cobertura del sistema de atención a la dependencia: cuyo presupuesto se ha reducido en  un 70%. Junto a ello, se recortan una media de un 15% las cuantías que recibían los cuidadores y cuidadoras, se aumenta la presión sobre la persona dependiente obligándola a cofinanciar la prestación, lo que tiene especial relevancia en las personas más vulnerables y sus familias. Además las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que no tengan reconocida la dependencia verán recortadas sus prestaciones sociales y las que no hayan accedido a este sistema, tendrán que esperar años para poder hacerlo.

A todo ello hay que sumar los planteamientos equivocados de un sistema defectuoso que sigue apostando por atender a la dependencia en vez de favorecer la autonomía personal, un sistema en el que las personas siguen siendo “números” o “plazas” y no proyectos de vida de calidad.

Una situación insostenible en el ámbito del empleo: en la que 30.000 trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual se ven, a este paso, abocados al desempleo, debido a la falta de respaldo presupuestario de las subvenciones a las personas con especiales dificultades de empleabilidad (que han descendido este año en un 30%), a los recortes e impagos de las cuantías firmadas con los Centros Especiales de Empleo, así como el peligro de quiebra de estos centros por falta de liquidez, deudas a proveedores, etc. 

Estos centros especiales de empleo están ejerciendo un papel que, en una sociedad más inclusiva, deberían garantizar las empresas privadas y públicas, fomentando el empleo de las personas con discapacidad, y cumpliendo así la normativa vigente en relación a la reserva de cuotas.

Estas situaciones afectan al principal sostén de la vida autónoma de cualquier persona y condena a estos trabajadores a una vida de nuevo dependiente de su familia y de su entorno cercano, dificultando sus posibilidades reales de inclusión en la sociedad.

Por otro lado, la situación en el ámbito laboral también afecta a más de 3.500 profesionales de FEAPS, con recortes y retrasos en las nóminas que en algunos casos alcanzan los 7 o 8 meses. Estas devastadoras medidas impiden que desempeñen con calidad una labor que se ha demostrado crucial para garantizar el derecho de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a tener una vida digna, con los apoyos y servicios que cada una de ellas necesita.

Peligra el derecho a la Sanidad. A las dificultades de acceso a una sanidad de calidad que ya tenían las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se suman ahora nuevas restricciones planteadas para la población en general. El real decreto de 20 de abril que establece la sostenibilidad del sistema nacional de salud, aún tiene unas consecuencias insospechadas para nuestro sector, y no podemos analizar su impacto real porque su aplicación depende de futuros desarrollos reglamentarios. No obstante estimamos que van a tener una importante repercusión en lo que se refiere a la prestación ortoprotésica y al transporte sanitario no urgente, servicios que son demandados con frecuencia en nuestro ámbito.

Una educación menos inclusiva y de menor calidad.La ampliación, en un 20%, del número máximo de alumnos por aulaafectará negativamente a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Ello provocará un retroceso en los pequeños avances que –con mucho esfuerzo–, nuestro movimiento asociativo estaba logrando en el ámbito de la inclusión educativa.

Ante esta situación, las personas con discapacidad intelectual y sus familias, los profesionales y voluntarios, los dirigentes y la sociedad que nos acompaña, declaramos:

Que las dificultades no son nuevas para nosotros: nos hemos enfrentado a ellas desde nuestro nacimiento como organización hace medio siglo.

Que las personas y las entidades que formamos parte de FEAPS somos las primeras que estamos arrimando el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándonos para que la misma no afecte a nuestra gente.

Que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad. 

Que vamos a decir bien claro y bien alto que los recortes e impagos suponen una fragrante vulneración de derechos establecidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Que lo que reclamamos, no es sólo dinero: es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades… En definitiva, de ciudadanía para nosotros y para el resto de colectivos en riesgo de exclusión con los que nos solidarizamos.

Que no estamos dispuestos a abandonar esta lucha: corremos el riesgo de retroceder décadas, de acabar con todo lo conseguido con vidas enteras de lucha y esfuerzo, y ser ciudadanos de segunda.

Que tenemos más de 100.000 razones para luchar y no vamos a permanecer impasibles: mientras una única persona con discapacidad intelectual o del desarrollo de esas más 100.000 se encuentre en una situación que le avoque a la marginación o a la pobreza, seguiremos luchando por ella.

Que nuestra reivindicación es tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque la sociedad que queremos es una sociedad de personas, una sociedad más justa y solidaria para todas ellas.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que se unan a nuestra lucha: 

POR NUESTRA DIGNIDAD

POR NUESTROS DERECHOS

POR NUESTRA INCLUSIÓN