Miranda de Ebro. Aranda de Duero. San Feliú del Llobregat. Sanlúcar de Guadiana. Puente Genil. Villanueva del Río Segura… Sólo un río pierde el nombre cuando apellida el pueblo que atraviesa: Villa del Río, Almodóvar del Río, Palma del Río, Lora del Río, Coria del Río… El Guadalquivir. El Río grande. El Río con mayúsculas. El Río de Andalucía. Nos robaron el nombre. Y ahora nos roban el río.

Manuel Chaves y Rosa Aguilar, ministros andaluces del PSOE han “enterrado” el Estatuto de Autonomía de Andalucía, al negar las competencias sobre el Río Guadalquivir
El Tribunal Constitucional no ha tomado una decisión jurídica sino política. El año pasado denunciamos que el estatuto andaluz no quedaría indemne tras la sentencia el estatuto catalán. Hace cinco meses, intuyendo lo que iba a ocurrir, vinimos a las orillas del río en Jaén, en Córdoba, en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda a pedir que no mutilaran el Estatuto arrebatándonos el río. Nos iba la vida en ello. Pero ni los partidos parlamentarios que toman sus decisiones en Madrid, ni los intelectuales que opinan y escriben sobre la mercancía informativa que venden los medios estatales, nadie más vino a la orilla de nuestro río ¿Se atreverán ahora a levantar la voz a favor del Guadalquivir? Nosotros sí.
La Consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha hecho público que la Junta de Andalucía va a “devolver” de inmediato al Estado el “cien por cien” de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo satisfactorio con el Gobierno del Estado.
La afirmación del localismo y la negación de Andalucía deben tocar a su fin. Por sentido común. Y por justicia. Si no tienes empleo acudes al SAE. Si estás enfermo, al SAS. Si matriculas a tu hijo en el colegio, a la Consejería de Educación… La mayoría de nuestra vida cotidiana está transida por las competencias autonómicas. Más incluso que por las municipales. E infinitamente más que por las estatales. Seguro que no toleraríamos que el Estado dejara de pagar lo que debe a tu Ayuntamiento. Sin embargo, no nos duele cuando la víctima es Andalucía. Como si fuera invisible.
Nos manifestamos por el Sáhara, Libia o Haití. Con razón. Pero nos cruzamos de brazos cuando pagan la mitad de la mitad de la deuda histórica con el suelo que nos sobra. O cuando nos hurtan el debate electoral solapándolo con el del Estado. O cuando nos expropian el capital de nuestras cajas… Los andaluces saben más de lo que ocurre en el País Vasco o Cataluña de lo que pasa con sus propias competencias. Y ya estamos cansados de tanto silencio impuesto. Fuimos críticos con la redacción del art. 51 del estatuto andaluz. Y fuimos los primeros en denunciar públicamente el peligro de amputación de nuestras competencias sobre el Guadalquivir.
El Estatuto de Autonomía Andaluz ha quedado definitivamente mutilado.
El tiempo nos ha dado la razón. Volvemos a ser los primeros en reivindicarlo y en aportar soluciones. Pero no queremos esperar más tiempo cuando la razón y el corazón nos asisten ahora. Habrán derogado la letra del artículo 51, pero su espíritu es inderogable. Y lo que fue aprobado por el Parlamento y refrendando por el pueblo andaluz no puede conchabarse en los despachos entre dos presidentes ilegítimos: el del Estado, elegido por un programa radicalmente distinto a lo que hace; y el andaluz, que ni siquiera fue elegido por el pueblo para desempeñar ese cargo.
El andalucismo tiene claro que existen “líneas rojas” que no se pueden cruzar, y estas se han atravesado en el día de ayer. Tenemos la obligación moral y política de ser “beligerantes” y defender el Estatuto de Autonomía, algo que no ha sabido hacer el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Cualquier solución debe pasar por la consulta y la opinión de todos los andaluces. Para nosotros el Guadalquivir constituye la identidad líquida de Andalucía. Y el principio de unidad de cuenca es indiscutible.
Por ambas razones, debemos mantener la Agencia Andaluza del Agua. La restauración de la Confederación Hidrográfica supondría una regresión al modelo centralista ilógico y desfasado: Madrid no puede decidir sobre el 90% de nuestra cuenca. Sin perjuicio de la intervención decisoria de otras comunidades en el 10% restante, la competencia debe ser transferida por el Estado conforme al art. 150.2 de la Constitución.
Y exigimos que se inicien inmediatamente en este sentido los trámites legislativos. No hacerlo antes del 22 de mayo supondría la enésima utilización de Andalucía como moneda de cambio. Probablemente la última si Andalucía recupera su expresión política.
El andalucismo político tiene que estar representado en Madrid. Para que no nos robaron el nombre. Para que no nos roben el Río.